La administración nacional anunció la derogación del fondo destinado a financiar el acceso sin cargo al transporte público para personas discapacitadas e infantes diagnosticados con cáncer. La determinación fue comunicada a través de una resolución que evalúa negativamente la continuidad de esquemas previos.

Funcionarios de la Casa Rosada aclaran que la supresión del fondo no implica la eliminación del derecho en sí mismo. Según su interpretación, la gratuidad continúa siendo un beneficio exigible, aunque la estructura de financiamiento que lo sostenía ha sido removida. El oficialismo considera que las compensaciones anteriores adolecían de fundamentos económicos sólidos.

Esta acción se inscribe dentro de un programa más extenso de reconversión presupuestaria impulsado por el Ejecutivo. Las autoridades enfatizan la necesidad de repensar los mecanismos de gasto social para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Especialistas en políticas públicas plantean que la desaparición del fondo podría obstaculizar la práctica efectiva del beneficio, independientemente de su permanencia nominal en la normativa. Transportistas y autoridades municipales de movilidad podrían enfrentar dificultades para implementar esta prestación sin un mecanismo claro de reembolso.

Las entidades representativas de beneficiarios directos aún no han emitido comunicados públicos sobre la medida. No obstante, se prevé que en las próximas semanas surjan reacciones críticas desde distintos sectores interesados en mantener estas políticas de protección social.

Imagen: Luis Andrés Villalón Vega / Unsplash – Con informacion de La Nación