Milei impulsa una ley para sancionar la explotación no autorizada de recursos y reforzar la coordinación de la política exterior con las herramientas económicas y militares. La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años para determinados delitos.

El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas atraviesa un momento de renovada atención internacional. China ratificó su respaldo a la posición argentina, mientras Donald Trump manifestó disposición a revisar la histórica neutralidad estadounidense. En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei busca acompañar las gestiones diplomáticas con nuevas herramientas para proteger los recursos del Atlántico Sur.

El embajador chino en Buenos Aires, Wang Wei, reafirmó el apoyo de su país a la reivindicación argentina. Por su parte, las declaraciones de Trump abrieron una expectativa sobre el papel que podría asumir Washington en la disputa. Esa posibilidad todavía no equivale a un reconocimiento formal de la soberanía argentina por parte de Estados Unidos.

En el plano interno, el Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto propone ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos sin autorización argentina y alcanzar también a quienes financien o presten servicios indispensables para esas operaciones.

El régimen contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión para determinados delitos. Las consecuencias podrían incluir la prohibición de desarrollar actividades económicas en Argentina, la revocación de permisos y la rescisión de contratos.

La iniciativa también plantea crear un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado. Reuniría a Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica para coordinar una estrategia común. Así, las gestiones internacionales y las decisiones económicas y militares quedarían articuladas bajo una misma conducción.

La propuesta requiere aprobación del Congreso. Con ella, el Gobierno busca dotar al reclamo de instrumentos que eleven el costo de las explotaciones no autorizadas y fortalezcan la capacidad de respuesta del Estado.