Analía Cubino recibió una multa de $364.710 por no responder a tiempo sobre una contratación directa de casi $92 millones que presentaba irregularidades administrativas. Por su parte, la ministra Lucía Rossi fue apercibida por no entregar documentación requerida tras una auditoría del régimen de pensiones especiales (RUPE).
Dos funcionarias del Gobierno de Gustavo Melella fueron alcanzadas por sanciones del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, luego de incumplir los plazos establecidos para responder requerimientos del organismo de control en diferentes actuaciones administrativas.
La presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, Analía Cubino, recibió una multa de $364.710,51 por no presentar en término los descargos solicitados sobre una contratación directa de $91.981.829,11, destinada a licencias de mantenimiento y soporte de sistemas de seguridad informática.
Durante la revisión del procedimiento, los auditores detectaron distintos incumplimientos. Entre ellos, señalaron que no se había acreditado la exclusividad del proveedor seleccionado, que faltaba una comparación de precios con otras ofertas y que determinadas especificaciones técnicas no habían sido publicadas en el portal oficial de compras.
El Tribunal también observó que el monto de la contratación era aproximadamente un 4,65% superior al de una adjudicación similar anterior, sin que se hubiera incorporado una justificación suficiente de esa diferencia. Este señalamiento no implica que se haya determinado un sobreprecio.
Entre marzo y junio de 2026, el organismo reiteró cinco veces los pedidos de información. Cubino respondió recién el 4 de septiembre, 263 días después del acta que había originado los requerimientos, cuando la multa ya había sido dispuesta.
La funcionaria atribuyó la demora a dificultades operativas y administrativas. Sin embargo, el Tribunal consideró que sus explicaciones no justificaban el incumplimiento y mantuvo la sanción económica, equivalente al 5% de su remuneración bruta mensual.
El caso se suma al de Lucía Rossi, ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la gestión de Melella, quien recibió un apercibimiento por no presentar dentro del plazo establecido un plan de acción requerido tras una auditoría del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
En ese expediente, el Tribunal le otorgó un nuevo plazo de cinco días para cumplir con la presentación y advirtió sobre la posibilidad de aplicar una multa si persistía el incumplimiento.
Las dos actuaciones exponen incumplimientos de funcionarias del Ejecutivo provincial frente a los requerimientos del Tribunal de Cuentas, en procedimientos vinculados con el control de contrataciones públicas y la administración del régimen de pensiones especiales.
En el caso de Cubino, la multa sanciona específicamente la demora en responder y no constituye una condena por irregularidades patrimoniales en la contratación. Por su parte, Rossi recibió un apercibimiento, sin sanción económica informada.





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