El Tribunal de Cuentas sancionó a Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, luego de que no presentara los descargos requeridos sobre una compra directa cuestionada por la elección del proveedor, el precio y el procedimiento utilizado.

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego multó a Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina y funcionaria del Gobierno de Gustavo Melella, por no responder a los requerimientos realizados en torno a una contratación directa por casi $92 millones.

La operación había sido autorizada por la propia Cubino por $91.981.829,11 para adquirir licencias de mantenimiento y soporte de herramientas destinadas a la protección contra amenazas informáticas durante un período de tres años.

La contratación se realizó de manera directa bajo el argumento de exclusividad del proveedor. Sin embargo, los auditores observaron que la documentación presentada no demostraba que la empresa adjudicataria fuera la única que podía prestar el servicio, ya que figuraba como revendedora autorizada pero existían otros proveedores que podían ser elegidos.

El Tribunal también señaló la falta de cotizaciones alternativas o referencias de mercado que permitieran comparar el precio de la oferta. Además, detectó que el monto era aproximadamente un 4,65% superior al de una adjudicación similar anterior, aunque esa observación no implica que se haya determinado la existencia de un sobreprecio.

Ante estas observaciones, el organismo de control realizó distintos pedidos de información durante 2026. Tras reiterar los requerimientos y no recibir los descargos correspondientes, resolvió sancionar a Cubino con una multa equivalente al 5% de su remuneración bruta mensual, sin contar asignaciones familiares.

El Tribunal además le otorgó un nuevo plazo para presentar la documentación y advirtió que, ante otro incumplimiento, las sanciones podrían incrementarse.

El caso suma así un nuevo cuestionamiento administrativo dentro de la gestión de Melella, esta vez por una contratación directa cercana a los $92 millones sobre la que la funcionaria responsable no respondió las observaciones formuladas por el organismo encargado de controlar las cuentas provinciales.