Solo cuatro de cada diez argentinos confía en que la inflación bajará. La mayoría de la población—seis de cada diez ciudadanos—sostiene que los precios continuarán aumentando, un indicador que expresa la profunda crisis de credibilidad que enfrenta el proceso de estabilización económica del país.

La brecha entre la expectativa oficial y la realidad vivida por los argentinos es el nudo del problema. Mientras desde el Gobierno y organismos económicos se comunican avances en desinflación, la gente sigue pagando más en la canasta de compras, en los servicios, en prácticamente todo lo que consume.

Esta desconexión tiene origen en hechos concretos. Cada transacción comercial refuerza la percepción de que nada cambia en materia de precios. Una madre que va al supermercado ve aumentos en los productos básicos. Un padre que paga servicios se encuentra con facturas más altas. Un joven que alquila sufre reajustes permanentes. Para ellos, hablar de baja de inflación suena lejano, desconectado de sus realidades.

La pérdida de credibilidad social es particularmente grave porque tiene efectos económicos multiplicadores. Cuando los ciudadanos no creen que bajarán los precios, adelantan compras, apuran consumo, corren sus decisiones de gasto. Con mayor demanda presionando el mercado, los precios tienen menos razones para bajar. La desconfianza se autoperpetúa.

Para que el proceso de desinflación recupere legitimidad, la población necesita ver cambios tangibles en sus bolsillos. No basta con argumentos técnicos ni con datos macroeconómicos. La gente requiere pruebas concretas: que gasten menos en la compra semanal, que las facturas de servicios no sigan subiendo, que su poder adquisitivo se recupere. Mientras eso no suceda, la incredulidad seguirá siendo la marca de la población argentina frente al futuro económico.

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