Los fondos creados específicamente para frenar inundaciones están siendo utilizados como fuente de financiamiento general para el Estado, dejando sin ejecutarse las inversiones en infraestructura hídrica que la ley prescribe.

Esta situación revela una desconexión preocupante en la gestión pública. El dinero existe, las asignaciones presupuestarias están formalizadas, pero los proyectos de prevención no avanzan porque los recursos son desviados hacia otras prioridades fiscales.

Las implicaciones son graves para poblaciones en riesgo. Mientras el Tesoro se beneficia de estos fondos, las zonas vulnerables a inundaciones permanecen sin las obras de contención que podrían protegerlas. El resultado es un déficit real en infraestructura preventiva, enmascarado por un superávit contable que no refleja el verdadero estado de las prioridades de inversión pública.

El problema trasciende lo presupuestario y entra en el terreno de la responsabilidad política. Existen normas legales claras sobre el destino de estos fondos, pero su cumplimiento no ocurre sin la decisión deliberada de hacerlo. La administración tiene en su poder los recursos necesarios para ejecutar políticas preventivas, pero elige canalizarlos de otra forma.

Esta práctica pone en cuestión la credibilidad de los mecanismos institucionales diseñados para proteger a la ciudadanía de riesgos prevenibles. Cuando los fondos especializados no se usan para su fin original, la confianza en sistemas de protección se erosiona.

Para revertir esta situación se requiere de un cambio en las prioridades administrativas que garantice que los recursos circulen conforme a su mandato legal, permitiendo que las obras de prevención de inundaciones finalmente se ejecuten.

Imagen: Kelly Sikkema / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural