Según Infobae, la ex presidenta sostiene que incluir los bienes de sus hijos en la ejecución de la pena es ilegal porque tienen origen sucesorio. El TOF 2 trabajó el reclamo y la Cámara de Casación deberá resolver el destino de los inmuebles.

La disputa por el patrimonio de la familia Kirchner ingresó en una nueva instancia decisiva. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) concedió los recursos de apelación presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y el apoderado de sus hijos, habilitando así la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. El objetivo central de la ex presidenta es frenar el decomiso de 19 propiedades que, si bien fueron parte de la investigación, actualmente figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

El argumento legal que sostienen los abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, junto al representante de los hijos, Luis Goldin, se basa en la «independencia» de los titulares de los bienes respecto al delito juzgado. Según el escrito, Máximo y Florencia son «terceros ajenos» a la Causa Vialidad y los inmuebles en cuestión, ubicados en Río Gallegos y El Calafate, tienen un origen lícito proveniente de la sucesión familiar y la cesión de derechos, por lo que incluirlos en la ejecución de la pena constituiría una violación al derecho de propiedad y al debido proceso.

La medida ordenada originalmente por el tribunal busca recuperar activos para cubrir el embargo dictado en la sentencia, cuya actualización asciende a la astronómica cifra de 684 mil millones de pesos por el delito de administración fraudulenta. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado avanzar sobre estos bienes al considerar que fueron adquiridos durante el período de la maniobra delictiva (2003-2015), independientemente de su titularidad actual.

Ahora, la definición quedó en manos de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Ellos deberán determinar si el «decomiso amplio» aplicado por el tribunal inferior es constitucional o si, como alega la defensa, representa un avasallamiento legal. Mientras tanto, el entorno de la ex mandataria ya anticipó que, de recibir un fallo adverso, llevarán el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia e incluso a organismos internacionales.