El Gobierno de Javier Milei modificó un decreto de propiedad intelectual, eximiendo del pago a eventos en ámbitos privados como salones de fiestas y cumpleaños. Funcionarios celebraron la medida como el fin de un «impuesto» y un alivio para el sector turístico.

El Gobierno Nacional avanzó en su agenda de desregulación y eliminó uno de los cobros más controvertidos que afectaban a la sociedad: el pago a SADAIC por pasar música en fiestas privadas. A través del nuevo decreto 765/2024, se modificó la reglamentación de propiedad intelectual para establecer que los eventos «en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal», quedan exentos de dicho arancel. Esta medida pone fin a la práctica por la cual salones de fiestas o incluso cumpleaños familiares debían abonar un porcentaje a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores.

La noticia fue celebrada enfáticamente por los funcionarios de la administración. El subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, fue contundente al calificar la medida como el fin de una estafa normalizada. «Habíamos normalizado que te cobren un impuesto por pasar música en una fiesta privada. O sea, te clausuraban un cumpleaños por usar un MP3. Un curro menos!», publicó el funcionario, reflejando la visión del Gobierno sobre esta tasa.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también destacó el impacto positivo de la medida, enfocándose en el sector turístico. «Esto que parece intrascendente es un avance muy importante», afirmó. Adorni explicó que esta decisión mejorará directamente las tarifas hoteleras, ya que este tipo de cargos llegaban a representar «hasta el 10% del costo del servicio» en hoteles. La exención también aplica a las habitaciones de hotel, que el nuevo decreto define taxativamente como «ámbito privado».

La desregulación incluye además la exención del pago cuando la reproducción musical tenga un «carácter didáctico» o se utilice en «conmemoraciones patrióticas» en establecimientos educativos. Esta acción se suma a la definición de «internet» como un nuevo «espacio público» que requerirá autorización de los creadores, aunque el Gobierno se enfoca en esta etapa en eliminar las cargas que considera abusivas sobre los ámbitos privados, en línea con su política de reducir costos y burocracia.