Una mega intervención de la policía estatal de Río de Janeiro contra la banda criminal Comando Vermelho culminó con al menos 132 muertos, incluyendo cuatro agentes, según datos de la Defensoría Pública del estado. El operativo tuvo lugar en los complejos de favelas de Penha y Complexo do Alemão, en la zona norte de la ciudad, donde residentes hallaron decenas de cadáveres en zonas boscosas y los colocaron en una plaza para su identificación. 

La operación movilizó alrededor de 2.500 agentes, apoyados por vehículos blindados y helicópteros. Se estima que fueron ejecutadas más de 100 órdenes de captura contra miembros del Comando Vermelho, se detuvo a 81 sospechosos y se incautaron 93 fusiles junto con más de media tonelada de drogas. Las autoridades describieron el episodio como un combate al “narcoterrorismo” que había establecido control sobre múltiples barrios populares. 

Sin embargo, el impacto social fue inmediato: la madrugada tras la operación registró calles desiertas, cierre de comercios, suspensión del transporte público y un ambiente de tensión generalizada. Organizaciones de derechos humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), llamaron a una investigación urgente ante denuncias de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de fuerza. 

El episodio plantea un dilema profundo: mientras el Estado busca recuperar el control de territorios dominados por el crimen organizado, el alto número de víctimas y la violencia desplegada reavivan el debate sobre los límites del uso de la fuerza, la protección de derechos humanos y la estrategia de seguridad en Brasil.