Según publicó La Nación, Daniel Rodríguez, responsable de la residencia presidencial y encargado de asuntos personales del entonces presidente, fue señalado como nexo directo con el empresario que monopolizó los seguros. La Justicia avanza sobre una red de vínculos personales que habría facilitado negocios privados durante la gestión anterior.

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández y uno de sus colaboradores más cercanos. Deberá presentarse el próximo 18 de noviembre en Comodoro Py en el marco de la causa que investiga posibles irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado nacional, durante la gestión del expresidente.

Rodríguez, conocido como “El Gordo” dentro del círculo presidencial, es señalado como un posible nexo entre Fernández y Héctor Martínez Sosa, el empresario que concentró la mayoría de los contratos de seguros en organismos públicos. En los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación aparecieron imágenes del broker dentro de la Quinta de Olivos, así como selfies y registros de encuentros informales que refuerzan la hipótesis de vínculos estrechos.

El juez ya había ordenado un informe patrimonial sobre Rodríguez, luego de que se constatara que residía habitualmente en una casa prestada por Martínez Sosa, ubicada a metros del shopping Unicenter. Esa vivienda fue allanada y se secuestraron elementos clave para la investigación, entre ellos su teléfono personal. Según fuentes judiciales, el expolicía manejaba agendas y encuentros del expresidente, y podría haber facilitado contactos clave en la operatoria bajo análisis.

Además de Rodríguez, Casanello también citó a declarar a los representantes legales de varias empresas involucradas en la trama: Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, Bri Brokers, TG Broker, Levelar, San Cristóbal, San Ignacio y otras firmas del rubro. Las audiencias se realizarán entre el 12 y el 18 de noviembre. La causa, que ya salpica a figuras del entorno presidencial, avanza en su fase clave, mientras se analiza el posible direccionamiento de millonarios contratos públicos en el área de seguros.